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No se advierte una infracción de ley en la interpretación realizada por el tribunal a quo de los artículos 211-B y 184 del Código del Trabajo, ni se ha demostrado que dicha interpretación haya sido arbitraria o contraria a derecho al rechazar el reclamo. Por el contrario, la sentencia impugnada se ajusta a la línea jurisprudencial consolidada que reconoce el deber de adoptar medidas inmediatas como parte del estándar de diligencia exigible al empleador en contextos de acoso sexual. Además, el recurso no logra desvirtuar los hechos establecidos por el tribunal, en particular, que el trabajador denunciado continuó prestando funciones en el mismo local que una de las denunciantes durante varios días posteriores a la denuncia, lo que constituye una omisión relevante desde la perspectiva del deber general de resguardo.