Las comisiones unidas de Constitución y de Seguridad Ciudadana despacharon a Sala el proyecto que establece las normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública, y de las fuerzas armadas e incluyeron la competencia de la justicia militar.

Tras las sesiones extraordinarias convocadas esta semana, como respuesta por el asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete, el pasado 27 de abril, la instancia despachó el texto que fija, entre otros puntos, los principios y deberes para el uso de la misma.

En ese sentido, los parlamentarios rechazaron a principios de esta semana el denominado principio de proporcionalidad, que consistía en establecer que el tipo y nivel de fuerza empleada debe determinarse en atención al grado de resistencia o agresión.

Asimismo, se aprobaron las etapas en el uso de la fuerza. Estas tienen concordancia con el grado de resistencia o agresión al que se ve enfrentado el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en un contexto particular.

Dentro de estas se encuentran los conceptos de: actuación mediante técnicas de comunicación, reducción física de la movilidad, utilización de fuerza menos letal, entre otras. El último gran debate de estas jornadas lo suscitó la indicación que permite que los delitos imputados a funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros -durante su servicio- sean conocidos por los tribunales militares. Ello, en cuatro escenarios específicos: los estados de excepción constitucional; la protección de la infraestructura crítica; el resguardo de zonas fronterizas y el resguardo de actos electorales y plebiscitarios.

No obstante, se estableció que, en ningún caso, los civiles que hayan intervenido en estos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares. El gobierno, en tanto, a través de la ministra del Interior, hizo reserva de constitucionalidad, aduciendo que esta propuesta estaba fuera de las ideas matrices.

Una vez sorteada la admisibilidad, que se aprobó por 14 votos a favor y 12 en contra, la instancia debatió el fondo de la iniciativa.

Otra indicación aprobada es que a los funcionarios militares que hagan uso de la fuerza no se les aplicarán medidas disciplinarias, como retiro parcial, baja temporal o rebaja de remuneración, mientras no concluya el sumario administrativo. También, en investigaciones del Ministerio Público serán víctimas o testigos, al menos que se corrobore su participación en un hecho punible.

Ello, con el fin de evitar las ’bajas exprés‘, por presiones de la opinión pública, sin que se aplique todo el proceso administrativo correspondiente.

Por último, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad aprobaron los artículos transitorios que establecen la fecha de entrada en vigencia de la ley, una vez publicada en el Diario Oficial. También, el plazo de un año para la dictación de los respectivos reglamentos.

Consulte Boletín 14614.

(Fuente: Cámara).