Este 15 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº 369 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que «Aprueba Política Nacional contra el Crimen Organizado».

A continuación se desarrollan algunos de los puntos contemplados en el documento.

Crimen Organizado en Chile

El crimen organizado, en términos generales, es un concepto utilizado ampliamente para hacer referencia a actividades delictivas cometidas por grupos de personas en forma organizada. En nuestro país el delito que actualmente se utiliza para abordar este fenómeno criminal es la asociación ilícita, figura que ha sido caracterizada doctrinariamente como un grupo de sujetos (dos o más personas) que se ponen de acuerdo para llevar a cabo delitos que atenten contra el orden social, las buenas costumbres, la propiedad o las personas, y que tienen cierta organización y permanencia en el tiempo.

En la práctica, se refiere a distintas actividades que se llevan a cabo por estructuras organizacionales y que actúan con el propósito de cometer delitos. Las organizaciones criminales pueden ser locales o transnacionales y se pueden entremezclar distintos niveles de organización.

Principales mercados ilícitos

El crimen organizado se articula en función de distintos mercados ilícitos. A partir de los diagnósticos realizados por el Consejo Asesor de Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado, se priorizaron para el levantamiento de propuestas de política pública los siguientes mercados: tráfico de droga, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, contrabando, cibercrimen y delitos como el robo de madera y de cobre.

Institucionalidad para la implementación de la Política Nacional contra el Crimen Organizado

El artículo 1° de la ley N° 20.502, le otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la función de colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior del Estado. En este contexto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública debe efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública interior y orden público.

A su vez se establecen cuatro instancias de trabajo interinstitucional:
a) Consejo Asesor de Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado;
b) Consejos Regionales Contra el Crimen Organizado;
c) Unidad de Coordinación Estratégica (UCE);
d) Mesas interinstitucionales para el abordaje de delitos de la criminalidad organizada.

Respecto de las Mesas interinstitucionales para el abordaje de delitos de la criminalidad organizada se detallan las siguientes:

a. Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas
Diseño del Plan de Acción Nacional y Regional contra la Trata de Personas 2023-2026 en los ejes:

• Prevención y sensibilización;
• Control y persecución del delito;
• Protección y asistencia a víctimas;
• Cooperación internacional y coordinación intersectorial.

b. Grupo Técnico sobre Tráfico Ilícito de Migrantes
Diseño del Plan de Acción Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 2023-2026 con énfasis en:

• Control fronterizo terrestre, marítimo y aéreo.
• Reportes estadísticos y análisis criminal.
• Persecución del delito y medidas anticorrupción.
• Coordinación interinstitucional y cooperación internacional.
• Prevención por medio de capacitaciones a organismos públicos y sensibilización ciudadana.
• Implementación de un sistema de atención a víctimas identificadas en investigaciones penales.

Principios

El documento define los siguientes principios orientadores:

-Enfoque de derechos humanos.
-Perspectiva de género.
-Probidad y transparencia.
-Eficacia y eficiencia.
-Articulación interinstitucional.
-Territorialidad.

Objetivos

La Política Nacional contra el Crimen Organizado tiene por objetivo disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las distintas instituciones del Estado que colaboran en su prevención, control y persecución. Sus principales objetivos son:

• Desarticular a las bandas y organizaciones criminales, así como debilitar su poder financiero/económico.
• Implementar medidas específicas para controlar el tráfico de armas y municiones, narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, el contrabando, el cibercrimen y delitos asociados a violencias y extorsiones.
• Fortalecer la coordinación interinstitucional a través de la consolidación de un macrosistema de seguridad pública, que evidencie la unidad de acción del Estado en estas materias.

Para el logro de estos objetivos generales, la Política Nacional contra el Crimen Organizado se articula en torno a diez ejes con sus respectivos objetivos:

1. Nueva gobernanza.
2. Desbaratamiento de la economía del crimen organizado.
3. Disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales
4. Abordaje del crimen organizado en recintos penitenciarios.
5. Agenda legislativa contra el crimen organizado.
6. Fortalecimiento de las capacidades de equipamiento y tecnologías institucionales para
   enfrentar el crimen organizado.
7. Formación institucional y de capital humano para enfrentar el crimen organizado.
8. Prevención de la corrupción y cooptación de las instituciones.
9. Aumento de la eficacia para enfrentar el crimen organizado mediante la Reforma Policial.
10. Fomento de la cooperación y coordinación internacional.

Consulte texto completo del Decreto Nº 369.