La Contraloría General de la República (CGR), respondió a una solicitud hecha por la H. Diputada señora G.N y los H. Diputados C.L. y C.M., quienes solicitaron determinar la juridicidad y naturaleza del convenio celebrado entre ministerios de Chile y de Venezuela, que tendría por objeto la colaboración policial.

Tras el análisis de los antecedentes, este organismo de control determinó que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) sí está facultado, en su calidad de órgano de la Administración del Estado, para celebrar convenios interinstitucionales de carácter internacional con entidades extranjeras, que incidan en asuntos propios de su ámbito de competencia.

Los parlamentarios requirieron, en particular, que se estableciera su naturaleza jurídica, ya que, a su juicio, de tratarse de un acuerdo internacional, requeriría de la aprobación del Congreso Nacional.

El pronunciamiento de la CGR manifiesta que, ajustándose al artículo 35 de la ley N° 21.080, y teniendo en cuenta el recrudecimiento de la delincuencia organizada transnacional, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) de Chile suscribió dicho acuerdo para promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia. Y, en ese contexto, pacta con su contraparte, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, la mutua colaboración, para facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de delitos que son expresión de la criminalidad organizada.

Cabe destacar que para el análisis de esta solicitud parlamentaria se solicitaron informes tanto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

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(Fuente: Contraloría General de la República).