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Avanza a segundo trámite proyecto que refuerza normas de convivencia escolar en establecimientos educacionales

15 de junio de 2022

El texto, ahora despachado a segundo trámite, define exigencias reglamentarias y para el personal educativo. Junto a ello, promueve normas para fomentar la convivencia y para abordar situaciones de acoso basadas en la discriminación al interior de los establecimientos educacionales.

J.M.G.,  joven trans, sufrió constantes situaciones de acoso y bulling en el establecimiento educacional al que asistía, en Copiapó. Cediendo a la presión y al dolor, en mayo de 2019 decidió terminar con su vida.

Este triste caso que, lamentablemente, no es aislado en nuestro país, motivó la presentación de un proyecto de ley .

La propuesta, abordada conforme a lo definido por la Comisión de Educación, se aprobó hoy por la Sala da la Cámara. Las normas generales se aprobaron por 94 votos a favor, 22 en contra y 22 abstenciones. Sin embargo, las de quórum de ley orgánica no alcanzaron los 88 votos exigidos, obteniéndose una votación de 85 votos a favor, 24 en contra y 29 abstenciones.

En particular, el articulado que pasó la votación en general fue ratificado. La salvedad lo constituyó una disposición que obligaba a contar con ejemplares del reglamento con lenguaje inclusivo, que no se aprobó.

Con ello, la iniciativa, que modifica las leyes General de Educación y sobre subvención del Estado, pasó a segundo trámite.

Alcances del proyecto

El texto garantiza la participación de la comunidad educativa en su conjunto. Además, agrega a los consejos escolares el deber de velar por la no discriminación.

Junto a lo anterior, obliga a los establecimientos educacionales a contar con un equipo de convivencia escolar. Se espera que, en él, al menos, participe un miembro del equipo directivo y otro de la Unidad Técnico-Pedagógica. Su liderazgo estará a cargo del encargado de convivencia escolar y se describen las exigencias para el cargo.

Las medidas definidas por el consejo escolar para este marco deberán constar en un plan de gestión o de convivencia escolar. Además, considera la situación especial de escuelas cárcel, aulas hospitalarias, escuelas rurales y otros establecimientos con características especiales.

Convivencia

Se entenderá por buena convivencia escolar las relaciones e interacciones inclusivas y democráticas que se dan al interior de la comunidad educativa. Abarcan prácticas y aprendizajes que se orientan a la creación de lazos de inclusión social y a mantener una paz sostenible y duradera.

Por otra parte, se reconoce el conflicto como una constante social, que se espera resolver a través de la corresponsabilidad de la comunidad educativa. Para ello, se considerarán sus opiniones, contextos sociales y territoriales, así como sus respectivas experiencias de pertenencia. Todo esto, a través de mecanismos que no generen violencias basadas en discriminaciones.

El proyecto establece, de igual modo, los pasos a seguir en caso de producirse conductas que puedan ser constitutivas de acoso. En este marco, se establece la obligación de denunciar los delitos que afectaren a estudiantes o que hubiesen tenido lugar en el establecimiento.

Adicionalmente, estas medidas se tomarán cuando se produzcan hechos que constituyan agresiones o violencia escolar física por razones de discriminación. También aplica para agresiones psicológicas o sexuales.

En paralelo, se perfeccionan normas relativas a la calificación de gravedad de la violencia. En este contexto, se agrega que, de ser promovida por quienes se desempeñen en el establecimiento, se considerarán constitutivas de infracción a la probidad administrativa o un incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Asimismo, se adiciona que revestirán especial gravedad las agresiones u hostigamientos hacia un estudiante fundado en causas discriminativas (etnia, género, ideología, etc.).

Sanciones, prevención y apoyo

El sostenedor incurrirá en una infracción de carácter grave a la normativa educacional en el caso de que las autoridades respectivas, habiendo tomado conocimiento o siendo de público conocimiento de situaciones que pudiesen ser constitutivas de acoso o violencia contra estudiantes, no adopten las medidas que el reglamento defina como tales.

Además, se considerará que ello constituye una infracción a la probidad administrativa o un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.

El proyecto promueve acciones para la prevención de acoso escolar y medidas de manejo y ayuda a quienes lo sufran. Para ello, por ejemplo, se establece que los reglamentos internos deberán incluir, expresamente, la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria. Asimismo, el derecho a una vida libre de violencia y el respeto y reconocimiento de la diversidad, así como a la identidad de género.

Junto a aquello, se exigen procedimientos objetivos para la protección de los afectados, evitar la revictimización y dar apoyo. En paralelo, se demandan medidas sancionatorias, según la gravedad del caso.

Adicionalmente, se pide una actualización de los reglamentos cada dos años, considerando acciones de alerta temprana, prevención y reparación. Estos deberán ser informados a padres y apoderados.

Por último, entre otras variadas normas, se insta a contar con instancias de promoción del respeto y no discriminación y se da un plazo de un año a los establecimientos educacionales para la adecuación de sus reglamentos y cumplir con las exigencias de esta ley, contado desde su publicación.

Consultar boletín N° 13893 aquí.

(Fuente: cámara)